El gobierno está empecinado en encontrar formas de financiación para hacer frente a los abultados gastos que afronta en su gestión del dinero público. Hasta aquí, nada que objetar. Las soluciones imaginativas son más necesarias que nunca en un contexto de crisis.
Con todo, la Generalitat se ha acostumbrado a tirar de recaudación de ingresos a través de nuevos impuestos que afectan directamente a los ciudadanos, o de tasas industriales que aunque no son finalistas, la experiencia demuestra que acaban repercutiendo en los usuarios. La factura eléctrica, o la del consumo de agua son dos ejemplos de cómo tasas a las empresas distribuidoras afectan y mucho a la economía doméstica. No sólo no hay garantías de que esto no suceda. El incremento en las facturas siempre se acaba produciendo.
Es en este contexto en el que el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, abogó ayer por la implantación de una tasa a las empresas distribuidoras de ADSL con la excusa de obtener dinero para reinvertir en el sector audiovisual catalán, muy maltracho por la situación económica.
La medida, que han rechazado con dureza las principales compañías del sector, se inspira en una iniciativa similar que opera en Francia, pero que está centrada en la financiación de la televisión pública. La aprobación del proyecto, si tira adelante, está prevista para finales de año. La Administración debería recapacitar antes de agravar la presión sobre los ciudadanos.
Comentarios
Publicar un comentario