06 enero 2012

Los interinos con miedo a quedarse sin trabajo

A un grupo de enfermeras interinas de un hospital público de la Comunidad les venían renovando sus contratos temporales de seis en seis meses. Desde hace varios años. Ha llegado el momento de firmar la nueva renovación, la que entró en vigor en enero, y esta vez sólo tienen la garantía de que trabajarán 90 días más. Hasta marzo.

No dan sus nombres, porque temen represalias, pero quieren decir en voz alta que temen que el Gobierno de Aguirre esté esperando a que pasen las elecciones de Andalucía, convocadas precisamente ese mes, para aplicar un recorte más riguroso a la partida presupuestaria para trabajadores que dependen orgánicamente de la Administración.

«Desconocemos si es ésa u otra la razón, pero lo que es cierto es que se está reduciendo la temporalidad en los contratos de los empleados públicos, no sólo del sector sanitario, también del educativo y, sobre todo, de los servicios sociales», señala Eva López, responsable del Sector Autonómico de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid.

El sindicato calcula que el 40% de los trabajadores en órganos de la Administración (de un total de 170.000, según los datos del Ejecutivo regional) tiene contratos temporales porque, entre otras cosas, «no se están convocando oposiciones para remplazar las bajas». «Somos conscientes de cómo están las cosas y de que seguramente sea necesario hacer ajustes, pero no es lo mismo que falte una persona en una biblioteca que en la atención a un discapacitado», apostilla López, que asegura que este ajuste se percibe ya «desde hace unos meses».

En la Consejería de Sanidad, a través de un portavoz argumentan que «no es la primera vez que se hacen contratos de tres meses» y aseguran que contarán «con todos los efectivos que sean necesarios» para garantizar el servicio.

Desde Economía, de quien depende la dirección de recursos humanos para los trabajadores de servicios sociales, aseguran a su vez que «la política de provisión de vacantes no ha variado».

Mientras tanto, ayer más de 5.000 profesionales de la sanidad madrileña se concentraron ante numerosos hospitales y centros de salud de la región, según estimaciones de los sindicatos, para protestar por los cambios laborales que han entrado en vigor el 1 de enero, que modifica las condiciones de los trabajadores públicos: se incremento la jornada de trabajo hasta 37,5 horas semanales y se eliminación del complemento retributivo, hasta el 100%, en caso de incapacidad temporal por accidente o enfermedad común.

Bajo el paraguas de CCOO, SATSE, AMYTS, CSIT, UGT y USAE, las acciones de protesta continuarán a partir del 9 de enero.

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